La primera jornada de indagatorias a industriales tucumanos acusados de contaminar la cuenca del río Salí-Dulce pasó sin que los empresarios que habían sido citados por el juez Guillermo Molinari se presenten en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.
Los empresarios azucareros, José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA), y Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), debían presentarse ayer en el Juzgado Federal de la provincia vecina. Iban a ser indagados por el juez Molinari por delitos penados en la Ley de Residuos Peligrosos, por contaminar el embalse Río Hondo con desechos industriales. Sin embargo, ni Fernández ni Mateos acudieron a la convocatoria judicial.
El trámite judicial se inició en 2009 a partir de una denuncia interpuesta por el ex intendente de Las Termas de Río Hondo, Luis Saleme, por el supuesto delito de envenenamiento de aguas del embalse de Río Hondo.
Para hoy, están citados Miguel Ángel González (ex presidente del ingenio Concepción y de la fábrica de agroquímicos Atanor, propietaria de la planta de Banda del Río Salí), y Julio Colombres, propietario de los ingenios Ñuñorco y Santa Bárbara, y administrador del Aguilares, y que también presidente el Centro Azucarero Regional Tucumán (CART). Entre tanto, la agenda judicial establece que mañana deberán comparecer ante el juez Molinari Mario Rubén Menéndez (Litoral Citrus) y Catalina Inés Lonac (copropietaria del grupo empresarial Los Balcanes). El jueves se tomarán las últimas indagatorias a Santiago Daniel Gasep (Azucarera del Sur SRL), y Jorge Alberto Rocchia Ferro, titular de los grupo empresarial Los Balcanes que posee los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares. El abogado Arnaldo Ahumada, representante de Fernández y Gasep, hizo una nota y comentó que ambos se presentarán hoy a las 8.
La defensa de Colombres formuló un planteo de incompetencia a la Justicia Federal de Santiago del Estero, al tiempo que el juez federal 2 de Tucumán, Fernando Poviña, presentó una inhibitoria, sostenida por la regla "del lugar de comisión del delito" que determina la competencia territorial. No obstante, el Ministerio Público advirtió que en materia de medio ambiente, cuyo bien jurídico es proteger la salud pública, "la regla aludida deviene en insuficiente" y subrayó que el lugar de emisión del delito "tiene que ser forzosamente donde se haya producido el daño por el contacto con la sustancia contaminante".
Uno de los argumentos de defensa de los industriales acusados de contaminación del dique El Frontal se asienta en que desde 2009 a la fecha los ingenios y citrícolas de Tucumán concretaron millonarias inversiones para el cuidado del medio ambiente. Tan es así que el 14 de septiembre del año pasado, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, aseguró que se comprobó que en ese momento las destilerías de alcohol de Tucumán no estaban derramando vinaza y cenizas en la cuenca del Río Salí-Dulce. En la ocasión, el funcionario había visitado nuestra provincia de la inauguración de una planta de tratamiento de desechos en el ingenio La Florida. "Hay vinaza cero y ceniza cero. Tenemos un informe de la Fiscalía de Santiago del Estero y de la Defensoría del Pueblo de esa provincia que destaca que este año (2012) no ha habido mortandad de peces", había dicho Mussi.